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La homologación normativa permitirá que nuestra entidad cuente con herramientas legales acordes a las disposiciones nacionales: J. Guadalupe Torres
San Luis Potosí inició el proceso para armonizar su legislación local en materia de extorsión con la finalidad de adecuar el marco jurídico estatal a las reformas federales recientemente aprobadas en la Ley General en la materia, fortalecer los mecanismos de prevención y combate a este delito, y consolidar herramientas legales que permitan una mayor eficacia de las autoridades.
Lo anterior tras llevarse a cabo la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado jueves en Palacio Nacional, donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un encuentro con los 32 gobernadores del país, para consolidar una estrategia conjunta justamente en contra de la extorsión, al que acudió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
En ese sentido, el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, explicó este viernes que la homologación normativa permitirá que nuestra entidad cuente con herramientas legales acordes a las disposiciones nacionales, lo que facilitará una actuación más eficaz de las autoridades estatales y municipales.
Refirió que, con datos al cierre de 2024, “la entidad registra una tasa de 3.62 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes, reflejo de una tendencia a la baja en la incidencia de este delito”.
De manera paralela al proceso legislativo, el Gobierno del Estado mantiene acciones preventivas y operativos coordinados en distintas regiones, particularmente en la Huasteca, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, con el propósito de reforzar la presencia institucional y atender de forma directa los factores de riesgo asociados a la extorsión, así como otros delitos que impactan la seguridad de las comunidades.
La autoridad estatal destacó que la actualización del marco legal busca no solo cumplir con la armonización normativa, sino también consolidar una estrategia integral que combine prevención, investigación y atención a las víctimas, bajo un esquema de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y con el respaldo de instrumentos como el Acuerdo Nacional contra la Extorsión.
Finalmente, se subrayó que este proceso forma parte de una agenda de seguridad más amplia, orientada a fortalecer la capacidad del Estado para responder a delitos de alto impacto, garantizar certeza jurídica y mantener condiciones de estabilidad social, con el compromiso de continuar ajustando y robusteciendo políticas públicas conforme a la evolución del marco legal nacional y los objetivos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
